Un intento de predecir el futuro

Un poco de reflexión y serenidad ante lo que viene sucediendo desde el principio del sexenio me lleva a concluir que tenemos por delante unos siete u ocho años hasta que se comience a ver la luz al final del túnel. Me refiero, claro, a la época de violencia abierta que se desató con la llegada del presidente Calderón al poder y que ha marcado, desgraciadamente, su gobierno. Terminará cuando la interacción de los varios factores involucrados en esta guerra interna llegue a calar a fondo y se acelere el inevitable desgaste de las fuerzas del mal - siempre y cuando el Estado mexicano no deponga las armas y capitule el próximo sexenio, lo que no es improbable, a la luz de lo que se percibe en los frentes políticos.

Está, en el trasfondo, el descomunal monto de los recursos económicos que mueve la delincuencia organizada. De un lado, pues, se tiene la capacidad de organización de los capos, la agilidad de su actuación, que no tiene que respetar reglas de ninguna especie más que las propias; la facilidad para reclutar, entrenar y mantener una fuerza irregular, pero disciplinada, de sicarios; la posibilidad de obtener armamento sofisticado sin limitaciones, gracias a la laxitud de las leyes del otro lado de la frontera norte y, por último, la eficacia de sus métodos para estar siempre informados sobre los movimientos estratégicos y tácticos de la fuerza pública que los enfrenta. En realidad, y por fortuna para nosotros, lo único que impide que hayan ganado la guerra desde las primeras etapas es que no se trata de un enemigo único, sino de un conjunto de facciones que luchan entre ellos, con gran primitivismo, por la conquista de territorios. No me cabe duda que la espeluznante cifra de muertos a causa de esta guerra es producto de las pugnas entre esas facciones: que si se unificaran para combatir al gobierno, la guerra habría terminado hace mucho.

Por el otro lado, hay un gobierno debilitado por las fuerzas políticas que, como aves de carroña, preferirían la derrota de las instituciones para repartirse el botín y seguir medrando, aunque ello supusiese una especie de pacto tácito con la delincuencia organizada – como había venido sucediendo hasta antes de este sexenio. En efecto, la decisión del presidente Calderón de enfrentar abiertamente a las bandas criminales, pomposamente llamadas cárteles, echando toda la carne disponible al asador y utilizando las únicas fuerzas relativamente confiables, como el ejército y la armada, destapó un proceso brutal de enfrentamiento contra el gobierno federal, además de sacar a la calle las guerras internas en la disputa territorial de las bandas organizadas. Esto no había sucedido antes, aunque las bandas criminales ya existían desde hace mucho. Eso solamente se explica sobre la existencia de un acuerdo con ellos, e inevitablemente uno tiene que concluir que ése era el caso en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Morelos.

La consecuencia lógica de ello ha sido la reacción asustada de una sociedad que había vivido en aparente calma y que súbitamente se dio por enterada, con el regodeo de los medios amarillistas, de que hay terribles asesinatos, masacres horrorosas, gente decapitada, mutilada y colgada en lugares públicos. No sorprende que la mayor parte de las protestas sean contra las fuerzas armadas: como que hubiésemos estado mejor como era antes de que entraran en acción, y las inevitables víctimas inocentes siempre se achacan a sus elementos. Hay desgarramiento de vestiduras y de indignación por las violaciones a los derechos humanos que cometen soldados y marinos. Pero hasta ahora no recuerdo que los santones de los organismos dedicados a predicar y hacer el bien se hayan quejado una sola vez de que los narcotraficantes y sus sicarios también violan los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa?

Si a eso se añade la viscosidad indescriptible de la burocracia gubernamental, la falta de tamaños y experiencia de los responsables de la mayoría de las dependencias federales y estatales involucradas en el combate, los increíbles niveles de corrupción y deslealtad en los diferentes organismos policíacos y, por añadidura, la desvergüenza de legisladores y asambleístas que disfrutan poniendo trabas a la gestión presidencial, es sorprendente que no se haya perdido la guerra hasta este momento. Ha de ser cierto eso de que a la larga, el bien siempre triunfa sobre el mal. A pesar de todas las circunstancias.

Harto, como estoy, de todas esas zarandajas, me dí a la tarea de leer directa y personalmente la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y me encuentro de sopetón, para empezar, con que Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡Atiza! Estaremos de acuerdo, espero, en que este primer artículo lo violan todas las partes involucradas, sin excepción. ¿Y como es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha procedido a hacer declaraciones y actuar contra los secuestradores y curas pederastas, que han infringido hasta el extremo el artículo de marras?

Volviendo al tema de inicio, creo razonable suponer que tenemos para siete u ocho años todavía. En ese tiempo habrá un desgaste considerable dentro de las bandas, que dedican mucha de su energía en liquidar sicarios de las partes contrarias, y poco a poco irán sufriendo las consecuencias de restricciones cada vez mayores en cuanto a lavado de dinero y, por otra parte, las fuerzas gubernamentales, si es que no se rinden antes, habrán ido adquiriendo experiencia, capacidad y profesionalismo y encontrado la forma de salvar las trabas que maliciosamente se les ponen enfrente. Por ahora, la lucha es muy desigual, pero el tiempo opera a favor del gobierno federal. Igual y saldremos adelante...