Me topé a principios de la semana con una nota alarmante (Reforma, 3-may-2010): “Cada año 15,000 profesionistas emigran a Estados Unidos”. Después de revisar la información con cuidado y de tratar de conciliar las cifras ahí citadas – que la aritmética no es el fuerte de los reporteros – me parece que la situación es bastante peor pues, según un informe de la Secretaría de Eduación Pública (“Panorama del Mercado Laboral de Profesionales 2009”), habría más de 580,000 mexicanos en Estados Unidos que tengan una licenciatura o un grado académico superior.
Aquí debo hacer una reflexión de tipo general: la organización académica de las instituciones de enseñanza superior en México tiene mayoritariamente una orientación profesionalizante; esto es, no se concibe que una persona pueda tener una educación abierta de gran contenido y calidad al margen de la camisa de fuerza que impone una profesión específica – y me refiero con esto a los abogados, médicos, ingenieros, dentistas y otros que, en conjunto, se llaman profesionistas liberales – y que suele requerir, en otros países, una licencia para su ejercicio (es evidente que por eso se les llama “licenciados”). Pero, bueno, eso es harina de otro costal, y la cuestión es que los más de medio millón de paisanos a los que aludo en el párrafo anterior son personas que han cursado, después del bachillerato, cuando menos cinco años de estudios formales en alguna institución universitaria.
¿Y entonces? Bien, hagamos un sencillo cálculo: al país le cuesta la friolera de algo así como 65,000 pesos anuales la estancia de un joven en una universidad (hago notar que eso de que la educación pública sea gratuita es una falacia: alguien - o sea, los contribuyentes – la paga). Durante cinco años, ese joven nos habrá costado 325,000 pesos, y los 580,000 jóvenes que ahora residen en el vecino país nos habrán entonces salido, en total, por lo menos en 200,000 millones de pesos – solamente por su educación post-bachillerato. Todo esto, claro está, con una aritmética sencilla y con aproximaciones gruesas. Por lo menos podríamos pedirle a los norteamericanos que nos compensaran económicamente en virtud del ahorro que les supone a ellos contar con esa fuerza de trabajo cuya educación no les costó.
Pero, claro, eso no es lo más importante: la cuestión es que nos hemos quedado sin ellos. Yo no iría tan lejos como para decir que todos ellos sean personas de primer nivel, pero si aceptáramos que el 10% de ellos lo fueran...; bueno, digamos el 5%, entonces estaríamos hablando de una masa de cerca de 30,000 elementos de primer nivel que ha perdido el país. Y, déjenme decirles, la élite dirigente de un país, los cuadros que ocupan los altos puestos de la actividad política; de la administración pública; de la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico; de las actividades empresariales en la banca, la industria, en fin, de todo lo que mueve al país, se beneficiaría enormemente de poder contar con 30,000 individuos de primer nivel. ¿Cuántos son los que en este momento tienen en sus manos la dirección del país? A ojo de buen cubero, calculo que serían entre 30,000y 50,000. Hemos echado a la calle a una masa de gente de primer nivel que equivale numéricamente al grupo dirigente. ¡Qué desperdicio!
Porque, a pesar de buen número de excepciones que soy el primero en reconocer pero que son relativamente pocas, quienes ahora ocupan esos cargos en México no son personas de primer nivel. Y es que de alguna manera ha permeado en la mentalidad de los mexicanos que no se necesita ser una persona con un talento y una formación de primer nivel para ocupar los puestos a que arriba me refiero: basta revisar el curriculum de nuestros políticos, diputados, senadores, asambleístas, gobernadores, en fin, para darse cuenta de que tienen en común una notoria falta de formación personal, trátese de líderes sindicales, activistas populacheros, actrices de telenovela o azafatas de aerolíneas. Y, no nos engañemos, con ese equipo nunca llegaremos muy lejos.
Lo más alarmante de la situación es la ligereza con que la autoridades educativas aceptan la situación. En la nota periodística a que me refiero se pone de manifiesto, por ejemplo, la frivolidad con que el subsecretario de educación trata de minimizar el problema: “el desempleo, la falta de experiencia y los bajos salarios son los factores que contribuyen a que la gente se vaya a los Estados Unidos”. Y no, el subsecretario se equivoca, pues no hay desempleo en los niveles a que me refiero - ¿no tienen acaso empleo los diputados, senadores, secretarios, subsecretarios, gobernadores, y directores generales que menciono arriba y que no tienen ni de lejos el mismo nivel de talento y competencia que ese 5% de primer nivel que perdimos en favor de los Estados Unidos? Y lo mismo digo en cuanto a experiencia y bajos salarios. No; lo que pasa es que hemos optado colectivamente por otorgar esos empleos a Noroñas, Juanitos y Brugadas y demás hez de la sociedad, propiciando así un lento pero seguro suicidio nacional.
La mayoría de quienes son destinatarios de estas líneas, amigos y colaboradores, tienen hijos que han decidido irse a vivir a otro país; jóvenes extraordinariamente preparados y talentosos que no desean vivir aquí. Razones muy diversas los han empujado a tomar esa decisión, aunque quizá hay un denominador común: hay la conciencia de que México ha perdido competitividad, no solamente en aspectos concretos de su economía, sino en cuanto a ser un país interesante para establecerse permanentemente. Aparte de cuestiones como la inseguridad y la baja calidad de vida, tener que enfrentarse cotidianamente a la aterradora burocracia que controla el país, ya sea en las instituciones públicas, en las universidades y prácticamente en todos los aspectos de la cotidianidad, es una perspectiva muy desalentadora para jóvenes inteligentes, creativos y preparados - ¡y vaya que los hay! Mejor buscarle por otro lado, llámese Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Canadá y hasta Australia, donde suelen ser bien recibidos. Y me apresuro a añadir que no me estoy refiriendo aquí a los emigrantes ilegales, trabajadores agrícolas que buscan trabajo para sobrevivir y que ahora tienen que sufrir el acoso de leyes como la SB1070 en el estado de Arizona. Eso es otro asunto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario