Queridos amigos, los destinatarios de este entretenimiento semanal: a quienes he tenido la satisfacción de ver en los días recientes, una vez más un abrazo cariñoso; a los demás, mis mejores deseos y la esperanza de que pronto nos reunamos para compartir vuestra compañía.
Y me temo que no puedo dejar de insistir en lo que se ha convertido ya en una preocupación general para quienes vivimos en este país, a saber, el tremendo combate entre las fuerzas del estado y las organizaciones delictivas que se conocen como cárteles del narcotráfico. Ha sido tema de conversación inevitable en las diversas reuniones sociales a propósito de las fiestas navideñas y de fin de año, y he podido confirmar que todavía hay un espectro muy amplio de percepciones y opiniones sobre lo que está sucediendo. Hay quienes condenan la utilización de las fuerzas armadas (esto es, el ejército y la armada) en esa lucha, y preferirían que soldados y marinos regresaran a sus cuarteles en espera de que la amenaza de alguna potencia extranjera requiriera de ellos para la defensa de la patria, dejando los problemas de seguridad interna a cargo de las policías estatales o municipales. En el otro extremo, pasando por una variedad de posiciones intermedias, están quienes – como yo – advierten que la situación había llegado al punto de que sin una acción enérgica all out, es decir, poniendo toda la carne en el asador, se avizoraba la posibilidad de que el estado fuese substituido por una colección de feudos al margen de la ley, con enorme poder económico y fundamentalmente violentos, lo que nos llevaría, luego de una época de transición más o menos corta, a la inevitable intervención militar de nuestros vecinos del norte. ¿Imaginación desbordada? Preguntémosle a los iraquíes o a los afganos.
El escenario no podría ser más aterrador: si hasta antes de la decisión estratégica del Presidente Calderón sobre el combate frontal al narcotráfico los ciudadanos vivíamos seriamente asustados por la incidencia de los asaltos, los secuestros, la extorsión de bajo perfil y la venta de protección, pensemos por un momento lo que podría ser en caso de que tales actividades se organizaran bajo mandos únicos en cada una de las regiones dominadas por los distintos cárteles, como una consecuencia secundaria de la debilidad y falta de eficacia de las fuerzas públicas. Cada uno de nosotros se vería obligado a pagar un impuesto de protección; tendríamos que cuidar a nuestras esposas e hijas (¿no sucedía así en la no lejana época de Maximino Ávila Camacho, cuando el gangsterismo se había institucionalizado en el país?); nos abstendríamos de ir al cine o a restaurantes para evitar toparnos
con la violencia estúpida de los sicarios y, en fin, quienes pudiesen hacerlo se irían del país mientras que los demás estarían condenados a vivir en el terror cotidiano.
A diferencia de lo que sucede ahora, entonces no habría a quien culpar ni podríamos cómodamente hacernos cruces a propósito de los atentados contra los derechos humanos. Ante la monstruosidad de los hechos delictivos, de los asaltos a mano armada, secuestros y asesinatos, la cuestión de los derechos humanos es totalmente superficial e irrelevante, como podría constatarse con la opinión de las víctimas y sus familiares.
Con las tanquetas, vehículos blindados y retenes militares en las calles; los operativos con fuego intenso y de gran calibre en Nuevo León, Michoacán, Morelos y Sinaloa, por nombrar a los más recientes, y otras manifestaciones similares, ¿todavía dudamos de que el país está inmerso en una guerra? Y las guerras son como un catastrófico tsunami, donde padecen sufrimientos y mueren incontables inocentes sin saber a cuento de qué. Estoy muy de acuerdo con el reciente discurso del Presidente Obama, justificando en algunos casos la guerra necesaria, explicando que los ejércitos de Hitler nunca habrían podido detenerse mediante el diálogo civilizado, y como prueba están los más de sesenta millones de muertos en la segunda guerra mundial.
Me parece bastante idiota suponer que la guerra, cualquiera que sea la denominación que se le dé, se va a decidir en un plebiscito, como algunos delirantes académicos plantean. Y peor todavía sugerir que la estrategia debe someterse a consulta pública (me puedo imaginar la instalación de casillas en las esquinas, para preguntar a los viandantes si están de acuerdo o no con el rumbo que van tomando las cosas y recoger sus votos). Y, va por descontado, me declaro absolutamente enemigo de la violencia y de las guerras en general – pero no caigo en la ingenuidad de suponer que alguien vaya a tomar en cuenta mi opinión sobre la guerra misma o, peor aún, sobre las estrategias que los responsables deberían seguir. Por último, pensar que el curso de las acciones bélicas debe basarse en el respeto a los derechos humanos es simplemente demencial.
Así pues, el dilema en que nos encontramos es asumir los hechos y tomar partido (es con el gobierno o con los cárteles del narco), o quedarnos en el limbo y buscar una tercera posición que, me temo, será cada vez más indefendible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario