El viernes pasado sufrimos, los habitantes de la ciudad de México, una agresión más. Un grupo de manifestantes, invocando la “libertad de expresión”, decidió – al decir de uno de sus líderes - tomar la ciudad, para exigir al gobierno algo (y lo pongo así, en abstracto, porque el motivo es insubstancial). Una primera reflexión: las estimaciones recientes dan alrededor de 18 millones de habitantes en la zona metropolitana, la mayor parte de los cuales dependen, para sus actividades – laborales, escolares, de abasto para el sustento, de atención de emergencias, o de simple entretenimiento – de la capacidad de movimiento dentro de la ciudad, de su ciudad. Por tanto, los grupos manifestantes, cuya intención es paralizar esa capacidad, cometen un atentado en contra de la mayoría de los habitantes de la ciudad, al impedirles la posibilidad de atender a sus necesidades. No sé a ciencia cierta el tamaño de los grupos que agredieron así a los ciudadanos, pero me atrevería a decir que difícilmente rebasaría un par de decenas de miles.
Se trata, entonces, de un ataque al orden público y a la convivencia civilizada, condiciones esenciales para la vida de una sociedad. La sociedad, por otro lado, ha evolucionado para proporcionarse los factores que le garanticen el cuidado de tales condiciones, como el gobierno y, en particular, una estructura de fuerza para usarse, cuando fuere necesario, en forma perfectamente legítima en defensa de la sociedad.
En consecuencia, el gobierno - en este caso el de la ciudad – no está cumpliendo con su cometido. Se trata de un gobierno que no cuida las necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos para quienes gobierna. Y, sin embargo, parece que ya nos acostumbramos a ello, y cada vez que sucede alguna de estas alteraciones de la vida social simplemente tomamos nuestras providencias para ver de qué manera nos las arreglamos (cambios de horarios, cancelación de planes, y hasta exponernos a sufrir eventos trágicos como la imposibilidad de transportar a un enfermo grave a algún centro de atención médica). La conclusión es que tenemos el gobierno que merecemos. Y no se me pregunte ¿y qué quieres que hagamos? Al menos podríamos pensar en qué podemos hacer, y no simplemente resignarnos.
Segunda reflexión: ¿alguien sabe de alguna ocasión en que los actos de bloqueo de vialidades, plantones, paros y otros similares, hayan conseguido modificar el curso de las cosas para satisfacer la causa original que los motiva?
Tercera reflexión (más específica): Uno de los contingentes que participó en los eventos del viernes pasado fue el sindicato de trabajadores de la universidad (STUNAM), y relata el diario Reforma (5-12-09) que, al ser entrevistado uno de los asistentes de dicho gremio, dijo que “había que registrarse a la llegada y al término de la movilización para que no les descontaran la jornada laboral”. What??? ¿Así que a los que no van a trabajar les pagan el día? Bien, pues si tomamos el recientemente aprobado presupuesto anual de esa Casa de Estudios, de más de 27,000 millones de pesos, y lo dividimos entre 365 días, nos resulta que cada día cuesta casi 74 millones de pesos. Si suponemos que las actividades se paralizaron en un 50%, estaríamos hablando de unos 37 millones tirados a la basura. ¿Así andamos de sobrados?
Algo me inquieta: ¿Quién pagó los salarios de los trabajadores de la UNAM que asistieron a la marcha y firmaron cuando llegaron y cuando se retiraron? Si fue el Sindicato, me parece una acción congruente con su acción unilateral de cerrar las instalaciones universitarias. Si fue la administración de la UNAM, parecería que está promoviendo el cierre de instalaciones y alentando a sus trabajadores a actos de esa naturaleza. No estaría mal que nos lo explicaran.
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