Gobernadores ofendidos...

El pasado jueves se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública (¿recuerdas? Aquel nuevo organismo creado en 2008 para dar salida al enojo de mucha gente influyente a propósito de los secuestros y la incapacidad de los encargados de la seguridad pública en los diferentes niveles de gobierno). Un detalle interesante fue la asistencia del señor Ebrard, quien hasta esta ocasión – si no recuerdo mal – se las había ingeniado para evadirse de los actos donde estuviese el Presidente Calderón ya que, a su entender, con su presencia legitimaría al que él y sus correligionarios califican como “espurio”. Pues qué bueno que parece estar entrando en razón; a mí, en lo personal, me tranquiliza un poco que el Jefe de Gobierno de la ciudad donde resido deje ya esa farsa y comience a dar muestras de cierta cordura, al menos en las formas.

El caso es que en dicha reunión se presentó el resultado de una encuesta llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad con los propósitos explícitos - entre otros – de “estimar las características de la prevalencia y la incidencia delictivas... y la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad y sobre la actuación de sus autoridades”. Pues nada, que los gobernadores presentes en el acto reaccionaron inmediatamente, como si les hubieran puesto un cohete en salva sea la parte, ya que todos obtuvieron calificaciones muy poco satisfactorias. Y cito algunas de sus declaraciones:

Ebrard, del Distrito Federal: “... debe pactarse un sistema que califique también al gobierno federal... a nosotros no nos consultaron...”

Hernández, de Tamaulipas: “... la encuesta estaba manipulada, porque no incluyó a su estado...”

Granier, de Tabasco: “... que nos den nombres de quienes les impidieron realizar su trabajo, pues no nos incluyeron...”

Peña Nieto, de EdoMex: “... debe revisarse la metodología que despierta polémica e inconformidad...”

Osuna Millán, de Baja California: “... ya no nos sirve, porque se refiere a 2008... habría que hacer una encuesta en enero de 2010 para evaluar el 2009, y que se publique en febrero...”

Reyes Baeza, de Chihuahua, y Amalia García, de Zacatecas, coinciden al exigir que “... al presentar resultados se incluyan los avances de cada entidad contra la delincuencia y el crimen organizado...”

Y así por el estilo. Ahora bien, hay que hacer algunas precisiones. Primero, el ICESI es una Asociación Civil patrocinada por organismos tales como la UNAM, el Tec de Monterrey, la Fundación Este País, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex. Por tanto, no tiene por qué sujetarse a los deseos o conveniencias de los caciques locales.

Segundo, ¿los gobernadores cuestionan los aspectos metodológicos de una encuesta? Me atrevería a afirmar que ninguno de ellos está ni remotamente calificado para hacer ese cuestionamiento. Añadiría que los asesores técnicos de la encuesta son especialistas conocedores de su materia, a diferencia de los mandatarios locales, que no dejan pasar oportunidad para exhibir su ignorancia y tontería. Y quien quiera ver la descripción completa del trabajo del ICESI puede acceder a su página http://www.icesi.org.mx/documentos/propuestas/cuadernos_4.pdf

En cambio, ¿no resulta odiosa la sarta de anuncios televisivos por las noches, en horario prime, de cada uno de los gobernadores, regodeándose al presentar los supuestamente extraordinarios logros de sus respectivos gobiernos? ¿Nos han preguntado a los contribuyentes que los pagamos si queremos que gasten el dinero en esas estupideces?

Gente bien pagada

El nuevo titular de la Comisión de los Derechos Humanos ganará mensualmente $253,328, según reporta el diario Reforma en su edición del 20/11/09. El salario mínimo mensual vigente en el D.F. es de $1,644. Esto significa que, a la tasa actual, un defensor de los derechos humanos vale lo mismo que 154 de sus defendidos (claro, de los más baratos, que han de ser empleados de limpia, peones de albañil, jardineros, cargadores y otros del mismo jaez). O si consideramos que un jubilado del servicio público recibe una pensión cuyo máximo no puede exceder de diez salarios mínimos, el defensor de marras vale lo mismo que quince ex-investigadores científicos de primer nivel, o quince ex-profesores universitarios, o quince ex-directores de algún instituto del área de la salud, por ejemplo.

Pues no queda más que imaginar que dicho personaje ha de poseer una formación extraordinaria y un talento portentoso, además de que su encargo le exigirá el despliegue de esfuerzos titánicos en su cumplimiento. Que si no es así, menuda tomadura de pelo nos están despachando al resto de los mexicanos.

Y al terminar de escribir lo anterior leo en el mismo diario, en la edición del día 21, que el defensor no está solo: consejeros de la judicatura federal (a saber lo que esto significa), ministros de la suprema corte, secretarios de estado - y muchísimos otros no especificados, como diputados, senadores, asambleístas, directores generales, gobernadores – son premiados por la República con similares prestaciones.

Gran país éste, que así distingue a sus más preclaros ciudadanos...

Entre los sucesos grotescos de la semana pasada le doy la mejor nota al encuentro de los obispos Samuel Ruiz y Carlos Vera con los sindicalistas de la extinta Luz y Fuerza. La vehemencia episcopal al azuzar a los extrabajadores para mantenerse en la lucha contra lo irremediable evocaba escenas donde los protagonistas podrían haber sido Lenin o Fidel Castro arengando a las masas (y no dudo que los prelados disfrutarían de esa equiparación).

Más allá del espectáculo circense, me pregunto si detrás de esto habrá alguna estrategia urdida en los tenebrosos corredores del Vaticano para dar nuevos alientos a la presencia católica romana en este país. Y es que a veces olvidamos que los obispos son designados por el Papa y, en tal virtud, representante suyos y sujetos a votos de estricta obediencia.

Recordemos, a propósito, el protagonismo de Samuel Ruiz en la revuelta zapatista de hace 15 años y su defensa a ultranza de los indígenas chiapanecos, cuyos derechos fueron conculcados desde la conquista y nunca después restituidos. Nunca tuvo el cuidado de aclarar que la expoliación de que fueron objeto había sido legitimada en 1494, por bula papal, por el Papa Alejandro VI, quien otorgó a la Corona Española el dominio absoluto - incluyendo las personas y sus bienes - de los territorios que conquistaren al Oeste de cierto meridiano a mitad del Atlántico. ¡Vaya omisión del buen obispo!

Mientras disfruto de un amable concierto de blues que me anima a emprender las tareas del día con un entusiasmo tranquilo, reflexiono sobre los sucesos de actualidad. La verdad, hay tantas cosas y tanta tontería, que hasta me da pereza elegir cuál de ellas merecería algún comentario.

¿Nuestros legisladores y sus discusiones acerca del presupuesto?
Tal cúmulo de ignorantes e incompetentes no se ve más que en un país bananero. Quizá lo que nos distingue de aquéllos es la ostentación de que los nuestros hacen gala.

¿La atrevida declaración del alcalde de San Pedro Garza García, avisando de su política de mano dura contra la delincuencia - que ha provocado el habitual desgarramiento de vestiduras en todos los niveles? Todos claman por que se mantenga dentro de la ley, sin parar a reflexionar que la mejor manera de estar dentro de la ley es no hacer nada. Lo más criticable del alcalde de marras es que haga públicas sus intenciones. Mejor sería que hiciera lo que tiene qué hacer y guardara la más estricta discreción.

Quedan cosas, pero habrá que irlas comentando poco a poco...