Funcionarios analfabetos

El pasado 1o. de agosto se publicó un artículo en el New York Times firmado por Elisabeth Malkin, con el título “Las manifestaciones ponen a prueba la paciencia de los conductores en la ciudad de México”, a propósito de los cotidianos bloqueos a la circulación vehicular por parte de grupos que hacen de la calle un lugar apropiado para expresar sus opiniones, protestas o exigencias. Malkin se refiere, con cierta sorna, al lema que ahora encabeza las publicaciones oficiales del gobierno del Distrito Federal, ¨Capital en Movimiento”, haciendo notar que, en realidad, la mayor parte del tiempo nuestra sufrida capital está más bien semiparalizada.

El artículo en cuestión, ya comentado también por Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate, en el diario Reforma (6-Ago-2010), refleja la estupefacción de cualquier observador externo ante lo absurdo de la situación. Se trata de una ciudad enorme, con problemas gigantescos – varias veces he insistido sobre ello – que rebasan la capacidad técnica y administrativa de sus gobernantes y agobian a sus habitantes, pero que es víctima, además, de la irracionalidad de grupúsculos políticos que por inconsciencia o por maldad añaden dificultades artificiales a las de por sí incontrolables situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas y otras causas.

Ciertamente, son pocas las ciudades del mundo en que sus habitantes están sujetos a este tipo de situaciones. A veces, desde luego, se dan manifestaciones callejeras y se cierra momentáneamente alguna vialidad importante (me tocó recientemente presenciar una, en Barcelona, que no duró arriba de unos 40 minutos y se disolvió con orden y presteza). En Nueva York, Londres, Madrid, París o Berlín, urbes todas ellas que no podríamos calificar de antidemocráticas, estas cosas no suceden más que, en todo caso, de manera aislada y controlada por la policía local. ¿Por qué, en cambio, a nosotros nos pasa eso, que no puedo más que calificar como una estupidez perversa que causa graves daños a la población?

El origen está, creo yo, en la demagogia característica de los gobiernos PRIístas que, durante setenta años, se esforzaban por aparentar que cuidaban con pulcritud las libertades individuales y sociales. Recuerdo (qué buena memoria, ¿eh?) aquella frase del Presidente Ruiz Cortines, por allá de los años cincuentas, enunciada con toda solemnidad “es preferible el abuso de las libertades ciudadanas que el ejercicio de la más moderada dictadura”. Y vaya mentira, pues aquel veracruzano no se tentaba el corazón para reprimir con la dureza que fuese necesaria a quienes trataran de subvertir el orden, al igual que sus sucesores. Así se fue construyendo, sexenio tras sexenio, esa doble personalidad de los gobiernos mexicanos, por un lado predicando las libertades y, por el otro, asestando sin miramientos duros mazazos a quienes osaran salirse de control.

Sin embargo, en la capital del país se ha dado un cambio de estilo en los últimos doce o quince años, a raíz de los gobiernos de seudo-izquierda que se han apoderado del control político y administrativo de la ciudad (y digo de seudo-izquierda, porque por lo general el término izquierda refleja una posición progresista pero fundamentalmente racional; en el caso del D.F., por desgracia, esta condición no suele cumplirse). A diferencia del doble discurso PRIísta, los gobiernos de seudo-izquierda han optado por soltar la rienda, dejando al libre arbitrio de las masas el funcionamiento de la ciudad. Es evidente que eso les representa grandes ventajas electorales, y por ello no se ve, en un futuro cercano, la posibilidad de que nos deshagamos de ellos.

Y las justificaciones que ofrecen los funcionarios municipales son de una inocencia palmaria, que hace patente su cortedad mental. Narra la periodista Malkin que el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, un tal Juan José García Ochoa, aduce que “en nuestro país hay un derecho constitucional a manifestarse”. Este buen señor ignora que ese derecho constitucional existe en muchos otros países, y paso a citar tres a guisa de ejemplo:

En la Constitución de los Estados Unidos dice textualmente la First Amendment (traducción mía): “La ley no puede establecer una religión ni prohibir su libre culto, ni restringir la libertad de expresión o el derecho de la gente para reunirse pacíficamente o para ejercer el derecho de petición...”

Y en la Constitución Española rezan los artículos 20 y 21: “Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio...”, “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas... En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público para personas y bienes.”

En Inglaterra existe formalmente la Human Rights Act, de 1988, que establece el derecho a la protesta pacífica o acción directa no violenta. Esto significa que se puede participar en una manifestación pública de protesta mientras no se dé la violencia contra personas o bienes. Sin embargo, se requiere obtener un permiso previo de la autoridad policial

Comparemos estos con el Artículo 9o. de la Constitución de nuestro país: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito... Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee...”

Si leemos bien nos daremos cuenta de que la constitución mexicana es ligeramente más restrictiva que la norteamericana o la española aunque, en todo caso, la coincidencia de fondo con las tres citadas es realmente notable en ese sentido. Lo que sucede es que nuestros funcionarios de la seudo-izquierda padecen deficiencias graves en su formación. Son, de hecho analfabetos funcionales, pues conocen el alfabeto, pero son incapaces de comprender lo que leen. Y, claro, aún así pretenden darle una lección a los extranjeros exponiendo una supuesta superioridad de nuestras leyes en materia de libertades. Vaya ridículo el que hacen.